La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha entrado en un terreno financiero minado. La masiva emisión de bonos por más de S/ 4,000 millones ejecutada durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga no solo ha encendido las alarmas del Consejo Fiscal, sino que ha abierto las puertas del Ministerio Público. Las proyecciones son severas: la capital del país tardará entre cuatro y cinco periodos edilicios en salir del hoyo financiero, dejando a los futuros alcaldes prácticamente de manos atadas.
Entre los aplausos de Wall Street y el banquillo fiscal
La respuesta de López Aliaga ante la apertura de la investigación preliminar fue fiel a su estilo: confrontacional y deslindando responsabilidades. El líder de Renovación Popular calificó la denuncia como un sinsentido y sacó a relucir el galardón Latin Finance obtenido en Nueva York, argumentando que el mercado internacional respaldó su estrategia para financiar megaobras de infraestructura. Además, dejó caer que las decisiones de este calibre no dependen de un solo hombre:
«Un alcalde finalmente no es gerente, un alcalde lleva la propuesta al Consejo de Lima y son aprobadas o no por los señores regidores».
Sin embargo, para la Fiscalía Anticorrupción, el panorama no es tan idílico. El próximo jueves 4 de junio, el exburgomaestre deberá responder formalmente ante la fiscal Janny Sánchez-Porturas por presunta colusión y negociación incompatible.
Las tres grietas del endeudamiento limeño
El análisis técnico del Consejo Fiscal y diversos economistas independientes desbaratan el optimismo de la gestión saliente. El impacto real en las finanzas de la ciudad se resume en tres golpes críticos:
1. El presupuesto secuestrado por 20 años
La emisión de estos bonos de titulación compromete cerca del 61% de los ingresos históricos de la municipalidad. Cada año, la ciudad tendrá que desembolsar más de S/ 300 millones solo para cubrir la amortización y los intereses. Este dinero se drenará directamente de fondos clave como el Foncomún, lo que significa que el presupuesto que debía ir a pistas, veredas y seguridad en los distritos periféricos se irá a pagar las deudas del pasado.
2. Intereses asfixiantes
Uno de los puntos más cuestionados por los expertos es el costo del dinero. La MML pactó tasas de interés cercanas al 10%, un porcentaje que supera holgadamente los estándares del mercado para entidades estatales. Esto se traduce en un sobrecosto artificial que terminará saliendo de los bolsillos de los contribuyentes a través de los arbitrios e impuestos.
3. El desplome al nivel «Bono Basura»
La ambiciosa jugada financiera terminó espantando a los evaluadores de riesgo. Al ver los niveles de sobreendeudamiento y la falta de garantías, agencias internacionales como Moody’s rebajaron la calificación crediticia de Lima a niveles especulativos. En la práctica, la capital del Perú hoy tiene la etiqueta financiera de «bono basura», lo que le imposibilita acceder a créditos accesibles en el futuro.
El origen de la tormenta legal
La investigación penal que hoy jaquea al exalcalde no nació en los despachos públicos, sino de una denuncia ciudadana presentada en julio de 2025 por Julio César Sifuentes Reyes.
El núcleo de la demanda penal apunta a un presunto camuflaje financiero: la gestión de López Aliaga estructuró un agresivo programa de endeudamiento a largo plazo sin contar con el aval o garantía del Gobierno Nacional. Para convencer a los inversionistas, la MML puso como garantía (fideicomiso) los flujos futuros de la recaudación del Impuesto de Alcabala y el Impuesto Vehicular. Básicamente, se empeñaron los impuestos que los limeños pagarán durante las próximas dos décadas para financiar el plan de inversiones 2023-2026.
La Fiscalía Superior, liderada por Escarleth Laura Escalante, dio luz verde a la Procuraduría Anticorrupción para iniciar este proceso de 60 días, donde se determinará si el círculo de López Aliaga direccionó o pactó condiciones desfavorables para la ciudad en la emisión de estos polémicos bonos.
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